Ir al médico sin papeles en República Dominicana puede terminar en deportación

Las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de República Dominicana llevan meses en el ojo del huracán, duramente criticadas por organizaciones civiles e instituciones internacionales preocupadas por la vulneración de derechos humanos.

Ahora el Ejecutivo del presidente Luis Abinader ha aprobado una medida que pone en peligro la salud de las personas migrantes. Así, un nuevo protocolo para el acceso a los servicios de salud públicos aboca a los migrantes a la deportación.

La nueva medida requiere que los usuarios del sistema sanitario aporten su identificación, carta de trabajo y comprobante de domicilio y establece una tarifa para los servicios. Además, determina que las personas migrantes en situación irregular serán deportadas después de ser atendidas. Para ello, se establecerá un agente migratorio en cada hospital.

"No solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro", denunció este martes la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

Se denuncia que esta y otras medidas antiinmigración redoblan el desafío del Gobierno dominicano a las obligaciones internacionales adquiridas y a las recomendaciones de derechos humanos emitidas por organismos internacionales.

"Nunca accedí a la presión de detener las deportaciones de parte de organismos internacionales y Gobiernos. Fui el único presidente que no firmó el tratado migratorio presentado en la Cumbre de las Américas del 2022", se jactó Abinader el pasado 6 de abril.

Amnistía internacional sostiene que también violan el principio constitucional sobre acceso gratuito y universal a la salud e institucionaliza la discriminación de las personas migrantes, especialmente las haitianas sin documentación.

Haitianos deportados 

República Dominicana se encuentra inmersa en políticas de expulsiones masivas de migrantes provenientes de la vecina Haití. Según la Dirección General de Migración (DGM), entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de marzo de este 2025, más de 180.000 personas en situación irregular fueron deportadas a Haití.

Aunque la DGM, institución que controla y regula la entrada, permanencia y salida de extranjeros en el país, asegura que se han seguido protocolos individualizados y que se han respetado los derechos humanos, la dignidad de los inmigrantes y se ha cumplido con el derecho internacional, desde distintos organismos se denuncia que en realidad se han estado realizando prácticas de expulsión colectiva prohibidas por las normas internacionales.

El Gobierno de Abinader tiene el foco puesto en la migración procedente de Haití, un país afectados por una crisis multisectorial desde hace décadas, como ha reiterado en numerosas ocasiones.

Así, el 2 de octubre del año pasado el presidente anunció un plan dirigido contra personas de origen haitiano con el objetivo de deportar a 10.000 migrantes a la semana. Mientras que el pasado 6 de abril, el Ejecutivo dominicano dio un paso más con el anuncio de 15 nuevas medidas antiinmigratorias.

Alarma por nuevas medidas

En un mensaje dirigido al pueblo dominicano, el presidente Abinader, desgranó las 15 nuevas medidas adoptadas para "proteger a la República Dominicana y asegurar el respeto a las leyes del país".

Se ampliará la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas en seis áreas operativas y se reforzará la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados que se suman a los 9.500 ya existentes, además de ampliar el muro fronterizo con Haití.

También se reformará el Código Laboral para sancionar a los empleadores que den trabajo a migrantes indocumentados y también se aprobará sanciones para quienes les alquilen viviendas o locales comerciales.

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El Gobierno de Abinader también aprobó un aumento de 750 agentes migratorios y la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias, así como la creación de una Procuraduría especializada en Asuntos Migratorios.

Sobre la polémica medida que afecta al acceso a los sistemas públicos de salud, Abinader afirmó: "No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos", aludiendo a que la atención a migrantes desplaza la atención a los dominicanos.

Se trata del mismo argumento que utilizó para informar sobre la medida de la "dominicanización del empleo", "ante la preocupación por la pérdida de empleos para los ciudadanos que genera la migración irregular", dijo.

Haití lleva años sumido en una crisis de institucionalidad, política, social y de inseguridad. A ello se une los efectos que aún perduran del terremoto que sufrió el país en 2010 y la falta de alimentos y de productos de primera necesidad que ha dejado una economía en descomposición. Decenas de miles de personas intentan migrar cada año escapando de la violencia y el hambre.