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Califican de "precaria" la implementación de decretos para frenar la violencia en el Catatumbo
La Defensoría del Pueblo eleva su preocupación por las nuevas consecuencias humanitarias de la crisis que desde hace ya tres meses afecta a la región, generando un entorno de violencia y desarraigo.
Han pasado tres meses desde que Colombia alertó sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, pero la situación sigue sin mejorar a pesar de las medidas implementadas. Desde la Defensoría del Pueblo han calificado la implementación de los decretos de conmoción interior en la región como "precaria".
Según datos del Puesto de Mando Unificado, hasta el 14 de abril, las confrontaciones han dejado 106 muertos, incluidos seis firmantes de paz, cuatro menores y nueve miembros de las Fuerzas Militares. Además, hay 64.291 personas desplazadas y 12.887 en confinamiento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre operaciones continuas en el Catatumbo que han logrado someter a la justicia a 128 integrantes del Frente 33, desmovilizar a cuatro miembros del ELN y capturar a 22 integrantes del ELN y 34 de las disidencias. También se han destruido más de 100 laboratorios de narcóticos, lo que, según el ministro, afecta la economía de estos grupos armados. Este lunes, 38 familias de firmantes del Acuerdo de Paz llegaron a Bogotá desde Puerto Boyacá debido al desplazamiento forzado en el Catatumbo.
La capital colombiana se ha convertido en el refugio para muchas personas que huyen de su territorio, enfrentándose a la pérdida de sus pertenencias y el miedo a sus agresores, pero con la esperanza de regresar a sus hogares o encontrar un espacio donde reunirse.
El control territorial sigue siendo la principal causa de la emergencia humanitaria en esta región y se extiende a nivel nacional. La búsqueda de una paz duradera requerirá tiempo, lo que motiva al Gobierno a concentrar esfuerzos en garantizar la seguridad de la población civil en sus territorios.
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